Congreso presentó más de 80 proyectos para crear universidades, hospitales y hasta un ministerio a pesar de no tener iniciativa de gasto

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Solo durante los primeros cuatro meses del 2024, el Congreso ha presentado proyectos de ley que crean instituciones, programas públicos, entre otros, superando el número de propuestas de este tipo que presentaron en 2023. ¿Sirven de algo estas propuestas, al no tener el Parlamento la capacidad de gastar presupuesto en obras?.

 

Entre enero y abril del 2024, en el Congreso de la República se han presentado más de 80 proyectos de ley que crean instituciones públicas, universidades, distritos, hospitales y hasta un ministerio en todo el país, de acuerdo a un análisis realizado por RPP Data.

Esta cantidad supera a los proyectos presentados en el mismo periodo de tiempo del 2023, donde llegaron a tener 58 iniciativas legislativas que creaban entidades y programas públicos. La mayoría de estos proyectos siguen aún en la fase de comisión; es decir, que no han sido agendados para debate en el Pleno.

El Congreso no tiene iniciativa de gasto

Algunos de los proyectos presentados en los cuatro primeros meses de este año involucran, por ejemplo, la creación de la Empresa Pública de Producción de Litio propuesta por el Bloque Magisterial; la creación de la Universidad Nacional Minera del Perú en el distrito de San Marcos (Áncash) propuesta por Perú Bicentenario o la creación del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático del Perú, ingresada por la bancada de Acción Popular.

En este punto es necesario recordar que el Congreso no tiene iniciativa de gasto; es decir, que el presupuesto que demanda la creación de una entidad pública debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo, señala el especialista en gestión pública, Limberg Chero.

«No es viable tener tantas iniciativas de creación de proyectos públicos en un país como el Perú, sobre todo, teniendo en cuenta que son iniciativas que demandan el uso de recursos financieros que, en este momento, el Perú no tiene», agrega.

El experto agrega que el Perú ya cuenta con muchas obras paralizadas, por lo que presentar este tipo de proyectos es presionar aún más al uso de los fondos públicos. «Esto no estaría mal si es que cerrara brechas y hubiera evidencia de ello; sin embargo, no es especialidad [ni facultad] del Congreso analizar ese tipo de situaciones», comenta.

A esto le añade que este tipo de proyectos pensados específicamente para resolver necesidades en alguna región podrían generar falsas expectativas en la población en lugar de aportar una solución.

Proyectos de ley deben tener estudios técnicos

Se pudo revisar también que, este año, se presentaron los proyectos que proponen la creación del Ministerio del Deporte, de la Ley General de la Juventud, de la Plataforma Anticorrupción, del Parque Científico Tecnológico Intercultural en Huancavelica, de la Farmacia Popular del Perú y de diversas universidades, distritos y provincias en todas las regiones de nuestro país.

Karla Gaviño, experta en gestión pública y docente de Pacífico Business School, resalta que los proyectos de ley que crean entidades deben contar con estudios técnicos que garanticen su viabilidad y pertinencia económica o social, pues sin ello no se puede coordinar con las instituciones del Poder Ejecutivo.

«Se debe revisar también si se tienen los recursos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento [de la obra]. Si estas normas no están acompañadas de un análisis previo, puede llenar al Estado de una serie de aspiraciones y promesas declarativas que no necesariamente lleven a buen puerto», considera.

Primero se debe tener el sustento legal y presupuestal y, luego de ello, el Congreso debe coordinar con las instituciones públicas antes de emitir ese tipo de proyectos declarativos, agrega la especialista. “Por ejemplo, en el caso de creación de distritos se debe coordinar con las regiones y la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Para la creación de universidades, tendrían que coordinar con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Gestión Pública”, especifica.




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