La Contraloría General hace días atrás dio a conocer un amplio informe en donde determinó que en el 2022 hubo presuntas responsabilidades en hechos irregulares de 215 funcionarios públicos de diversas entidades públicas de la región Cajamarca, como resultado de los informes de control posterior realizados.
La Contraloría General emitió un total de 2458 informes de control en Cajamarca, de los cuales 876 corresponden al control posterior, que incluye 49 auditorías de cumplimiento y servicios de control específico. Además, una auditoria de desempeño, 64 auditorías financieras y 763 acciones de oficio posterior
Las auditorías y servicios de control específico realizadas a las entidades públicas que funcionan en la región permitieron efectuar el control a un monto superior a S/ 4 mil 630 millones de recursos del Estado, de los cuales la ejecución de S/ 68 millones fue observada por los equipos de auditores de la Contraloría, quienes, además, identificaron un perjuicio económico de casi S/ 27 millones.
Además de los servicios de control posterior, la Contraloría General realizó 1569 servicios de control simultáneo durante el 2022. Como resultado de este tipo de control gubernamental, se identificaron 2774 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan.
Sin embargo, 856 situaciones adversas (30.86%) no han sido corregidas y en 1234 (44.48%) no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 503 situaciones adversas fueron resueltas y 163 están en proceso de hacerlo.
Para este 2023, se ha programado realizar en Cajamarca 903 servicios de control, de los cuales 696 corresponden al control simultáneo, 196 a control posterior y 11 informes de control previo.
Entre las principales materias que se proyectan intervenir figuran obras de mantenimiento de caminos vecinales en las provincias de Cajamarca y San Pablo. Además, a obra de transitabilidad vehicular y peatonal y obras de sistema de agua potable y saneamiento, en las provincias de Chota y Contumazá.
En la programación figuran también cinco grandes megaoperativos a nivel nacional, como la supervisión a las entidades del Gobierno Nacional, a iniciarse en febrero y cuyo objetivo es realizar el control a las principales operaciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, organismos descentralizados, entre otros.
Otros megaoperativos que realizará la Contraloría General tienen como objetivo supervisar la designación de funcionarios/as en cargos de confianza en gobiernos regionales y municipios; y la verificación de las condiciones de la prestación del servicio de salud y la capacidad de atención en los establecimientos del primer nivel de atención.
Además, los auditores de la Contraloría observarán la legalidad y contratación de los servicios de consultoría a nivel nacional; y se desarrollará un megaoperativo para verificar la operatividad y disposición adecuada de infraestructura, equipos, y recursos para garantizar la seguridad ciudadana en todo el país.