Nueva ley a favor del crimen organizado en camino. Boluarte tiene hasta el 11 de diciembre para promulgar u observar la norma, sino el Congreso ordenará su publicación en El Peruano.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, envió al Gobierno de Dina Boluarte la autógrafa de la ley para “garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú”, que, de contrabando, deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia.

De promulgarse la norma, se derogaría el inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal, que permite a un juez dictar, a pedido del fiscal, detención preliminar cuando «no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad».

El plazo para que Boluarte promulgue u observe la autógrafa vence el miércoles 11 de diciembre. En caso de que no haga ni uno ni lo otro, como ya ha pasado con normas anteriores, el Parlamento estará en la facultad de ordenar la publicación de la ley en El Peruano.

La detención preliminar judicial ha sido una herramienta usada constantemente en los casos que involucran a políticos, altos funcionarios o políticos de alto perfil, como Los Waykis en la Sombra, Los Galácticos del Fútbol, Valkiria, Lava Jato, Los Dinámicos del Centro, Cócteles, entre otros.

Durante la detención, algunos detenidos deciden admitir sus delitos y acogerse a algún proceso especial, como la colaboración eficaz o la confesión sincera. Esto con el objetivo de recuperar su libertad y no enfrentar un eventual pedido de prisión preventiva, que es lo que en la mayoría de los casos termina sucediendo.

Otra reforma de contrabando incluida en la ley aprobada por el Congreso es que las personas mayores de 80 años que hayan sido condenadas cumplan sus condenas bajo reglas de conducta o en detención domiciliaria. Esto podría beneficiar a políticos como el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (86 años) y el expremier Aníbal Torres (81 años).